23 de septiembre de 2021.- El pasado 10 de julio de 2020, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Esta fue presentada por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, actualmente la Directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

Álvarez Buylla, señaló que Julia Tagüeña, Directora Adjunta del Conacyt en el periodo de Enrique Peña Nieto, entregó ilegalmente 50 millones de pesos al FCCyT.

Delitos que le imputan a los científicos

Delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, son los delitos que en primera instancia señaló la Fiscalía General de la República.

Por lo que solicitó ordenes de aprehensión en contra de 31 personas, entre ellos, exfuncionarios, investigadores y científicos.

La razón de solicitar de detención es porque los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico recibieron 244 millones de pesos de manera ilegal por el periodo de 6 años.

Este recurso fue entregado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, a través de medios de comunicación nacional un juez federal negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República.

Esta mañana en su conferencia matutina el Presidente de México Andrés López Obrador, señaló que si existe una investigación contra los científicos pero expresó “El que nada debe, nada teme”.

Quienes son los acusados de crimen organizado

De los exfuncionarios que están en la lista son: El exdirector general del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, el exoficial Mayor del Consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y los excoordinadores del FCCyT Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López.

Ellos encabezan la causa penal 299/2021, señalaron algunos medios de comunicación, de acuerdo con la denuncia presentada por la Titular en turno del Conacyt, María Elena Álvarez.

Por su parte el periódico Reforma, presentó los nombres de los acusados entre quienes se señala a:

Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, Elías Micha Zaga, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga y Francisco Salvador Mora Gallegos.

¿Cuándo se difundió el caso de los científicos?

El Periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “El Financiero” lo dió a conocer el 20 de septiembre de 2021.

En su artículo La Venganza de Hertz Manero, Riva Palacio señala: “Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”

Fiscalía solicitaba encarcelarlos en penal de máxima seguridad

Riva Palacio señaló que la intención de la fiscalía era encerrarlos con delincuentes señalados de alta peligrosidad que se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, no se justificó con fundamento, razones o motivos, por lo que fue desechada la solicitud de la fiscalía.

Por su parte Enrique Graue, Director de la UNAM se pronunció sobre la intención de la fiscalía de detener a los presuntos implicados.

“Despropósito e inconcebible” la acusación generada en contra de los científicos, señaló Enrique Graue en una ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitario.

Así también se unieron voces de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes solicitaron la cancelación de las órdenes de aprehensión emitidas contra los científicos.

¿La cacería de brujas cuando empezó?

Los académicos que mostraron abiertamente sus diferencias con las políticas actuales del Conacyt, son los que han sido señalados por la fiscalía tratando de atemorizarlos.

Esta persecución solamente se trata de meter orden arbitrariamente ante un sistema de gobierno que impone una concepción distinta sobre el desarrollo tecnológico y científico del país.

El uso de fondos de procedencia ilícita, fue lo que solicitó Gertz Manero al Juez del Centro de Readaptación Social No. 1 El Altiplano.

La defensa legal de los acusados se apoyó por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro.

Esto no ha terminado, la fiscalía está preparando nueva estrategia para la vinculación de los científicos e investigadores para lograr su objetivo que es ponerlos en la cárcel.